La tutela penal del derecho a la vivienda entre los juicios rápidos, los desalojos exprés y las violencias inmobiliarias justificadas

Resumen

Si se quiere ofrecer una solución eficaz al fenómeno de la okupación, habrá de responder esta también al de la crisis de la vivienda. Y considerando la naturaleza constitucional del derecho a la vivienda, promover medidas coordinadas sustantivas y procesales desde distintos sectores del ordenamiento jurídico, acompañadas de la creación de juzgados especiales en materia de okupación de inmuebles (viviendas o no) que, al valorar las circunstancias concurrentes en cada okupación, podrán resolver también sobre las medidas penales necesarias, adecuadas y proporcionales, en garantía de okupados y okupantes. En el diseño de esa estrategia global de nuestro ordenamiento, es preciso estar alerta ante la actual tendencia hacia la agravación de las sanciones y los desalojos administrativos de las usurpaciones pacíficas que pueden convertir al okupa en el enemigo destinatario de un Derecho Penal solo para él. La seguridad del tráfico inmobiliario debe defenderse, sobre todo, con otros medios, no con los de carácter penal.